El Consejo de Estado profirió sentencia condenando Ecopetrol a pagar $915,6 millones por concepto de daño emergente y $173,6 millones por lucro cesante, como consecuencia de un atentado guerrillero perpetrado en 1991 en contra de uno de los tramos del poliducto Puerto Salgar-Mansilla, ubicado en el municipio de Albán (Cundinamarca).
La empresa se encuentra a la espera de una aclaración por parte del Consejo de Estado y está evaluando si recurrirá a otros recursos para buscar la revocatoria de esta sentencia.
Vale la pena señalar que Ecopetrol solicitó al Consejo de Estado una aclaración en relación con la sentencia en la que se condena a la empresa a pagar $915,6 millones por concepto de daño emergente y $173,6 millones por lucro cesante como consecuencia de un atentado perpetrado en 1991 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) contra uno de los tramos del poliducto Puerto Salgar-Mansilla en el municipio de Albán (Cundinamarca).
Dicha aclaración obedece a que mientras en unos numerales de la parte resolutiva de la sentencia se hace responsable a Ecopetrol S.A. y se le condena al pago de los perjuicios, en otros numerales de la parte considerativa del texto se hace referencia a la responsabilidad del Estado colombiano y/o de la administración de los daños causados a terceros.
El Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol se opusieron a las pretensiones de la demanda al considerar que los hechos que causaron los perjuicios sufridos por el demandante fueron atribuibles exclusivamente a un tercero, y por ende las entidades no son responsables por actos terroristas.
En este sentido, en decisión de primera instancia, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y consideró que los hechos ocurridos fueron causados por actos terroristas por parte del frente 22 de las FARC, y que los demandados ejercieron una vigilancia adecuada de los riesgos asociados.
La solicitud de aclaración, la cual está pendiente de resolución, es necesaria para determinar el sentido de la condena y precisar si Ecopetrol S.A. es responsable en nombre y representación del Estado colombiano, pues cuando ocurrieron los hechos Ecopetrol era una empresa industrial y comercial del Estado, naturaleza jurídica diferente a la que tiene en la actualidad.
Una vez se resuelva la solicitud de aclaración, Ecopetrol decidirá si recurre a otros recursos para buscar la revocatoria de esta sentencia.
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